Javier Ramírez. Regidor de Ciutadans Torredembarra
El pasado 22 de febrero se votó en sesión plenaria la implantación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Torredembarra, un instrumento clave de la gestión de los recursos humanos del consistorio y que afecta de manera directa a los trabajadores. El actual grupo municipal de Ciutadans Torredembarra optó por votar en contra porque entendíamos que este proyecto rompía completamente con la equidad y planteaba dos RPT: una para pobres y otra para ricos. Uno de los motivos que alega el alcalde, el Sr. Rovira, para perpetrar tal desigualdad es que hay escasez de técnicos y de habilitados nacionales en la administración local, es decir, poco personal altamente cualificado.
Esta nueva RPT sigue limitada a nivel presupuestario (casi el 50% del presupuesto se invierte en el capítulo de personal) y se ha podido llevar a cabo recortando funciones, productividades y salarios a las escalas laborales de menor rango. Son funciones que han realizado de forma continua durante muchos años, prestando un servicio ejemplar al Ayuntamiento, y muchos de esos trabajadores no entienden por qué ahora se les veta de seguir realizando sus tareas. La cuestión que se nos plantea es: ¿Quién llevará a cabo esas funciones que los empleados públicos dejarán de realizar? ¿Se contratarán empresas externas? ¿Se privatizarán servicios? En el caso de que debamos privatizar servicios, eso aumentará el coste para la administración y, por tanto, para los ciudadanos de Torredembarra.
A todo esto, se añade el hecho de que durante el proceso de elaboración de la RPT no se han cumplido todas las garantías previstas, puesto que se ha aprobado sin el pleno apoyo del comité de personal. De hecho, el comité actual no es el que pactó con el alcalde, en el mandato anterior, las condiciones establecidas porque en el 2019 hubo elecciones al comité de personal. Respecto a los trabajadores, únicamente pudieron presentar alegaciones los funcionarios de carrera, cosa que, por tanto, de facto, excluía a una buena parte de los empleados públicos de esta administración.
Además, la RPT la realizó una empresa externa. No entendíamos por qué teníamos que invertir miles de euros en realizar un estudio cuando tenemos un departamento de Recursos Humanos capacitado para tal función. Pero cuando el alcalde presentó una RPT para la inmensa mayoría de los empleados, basándose en las normativas vigentes y las indicaciones que marca el Estado en materia de salarios públicos, y otra paralela con criterios completamente subjetivos para unos pocos elegidos, lo entendimos. Entendimos que la única manera de sesgar y aumentar los salarios a unos pocos con la limitación presupuestaria que tiene este Ayuntamiento, sería a costa de otros muchos. ¿Por qué se evalúan de manera diferente a los funcionarios de mayor categoría que al resto?
Lamentable, el pasado 1 de mayo entró en vigor la nueva RPT y efectivamente, se confirmó y quedó de manifiesto que muchos empleados ven una rebaja sustancial de su salario de hasta un 40% en la nómina de final de mes. Este grupo presentó un Recurso Potestativo de Reposición alegando todo lo expuesto y solicitando al Sr. Rovira y a su gobierno que replanteara su postura. No hemos tenido respuesta alguna, la respuesta la han tenido todos los trabajadores el pasado 1 de mayo con la entrada en vigor con la nueva RPT de “izquierdas”.
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