El mes del Orgullo no sería tal sin un espacio para la reflexión, para valorar lo conseguido hasta ahora y repensar los retos que todavía tenemos por delante. Si miramos los últimos datos de la ILGA, España vuelve a estar entre los diez primeros países de Europa en protección de los derechos del colectivo LGTBI. Sin duda, el el último año se han dado pasos significativos, como la sentencia del Tribunal Supremo reconociendo el derecho de los y las menores trans a cambiar su género en el Registro para adecuarlo a su identidad real. No obstante, España sigue teniendo una gran asignatura pendiente en cuanto a la protección de la diversidad sexual y de género. Dos proposiciones de ley siguen, a día de hoy, atascadas en la maquinaria del Congreso: se trata de la Ley de igualdad LGTBI y la Ley Trans.
Ton Mansilla és advocat i coordinador de l’oficina de denúncies de l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) de Catalunya
La Proposición de Ley de Igualdad LGTBI fue presentada por Unidas Podemos en 2017, tras un trabajo incansable de las principales entidades y activistas de todo el Estado para impulsarla. Una ley necesaria para extender la protección de los derechos este colectivo a todo el territorio estatal: la diversidad de leyes autonómicas aprobadas en esta materia ha creado una situación de ‘asimetría de derechos’, en que las personas LGTBI tienen más o menos protección en función de la Comunidad Autónoma donde se encuentren. La Ley responde a reivindicaciones del colectivo como la prohibición en todo el Estado de conductas tan aberrantes como las llamadas ‘terapias de conversión’ a la heterosexualidad. La norma, de carácter transversal, pretende garantizar los derechos de las personas LGTBI en todos los ámbitos y en todas las etapas de la vida, estableciendo así medidas en el ámbito educativo, sanitario, laboral o de vivienda.
Por su parte, la Proposición de Ley Trans se presentó de forma autónoma a la Ley LGTBI en 2018, fruto de una demanda histórica de las entidades ante la invisibilización crónica del colectivo trans en la sociedad. La ley toma la despatologización de la transexualidad como punto de partida, eliminando la consideración de las identidades trans como ‘trastornos mentales’, y acabando con la necesidad de que un equipo médico y psicológico tenga que juzgar y aprobar algo tan intrínsecamente personal como es la identidad de género. Se trata de una protección integral en ámbitos tan diversos como la salud, el empleo, la educación, la privación de libertad o la participación política. Contextos, todos ellos, en los que las personas trans han sufrido una discriminación histórica, cuando no directamente una situación de violencia estructural.
Unas leyes que, a fin de cuentas, no hacen sino proteger uno de los derechos fundamentales más básicos de una sociedad democrática: el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El derecho a elegir, de manera autónoma y sin imposiciones, sobre la propia existencia y la forma de vivir. Un derecho que, según la propia Constitución española, constituye uno de los fundamentos del orden político y de la paz social, y resulta indisociable de la dignidad de la persona. Las leyes LGTBI y trans suponen un modesto pero imprescindible paso en la protección de ese derecho: no hay libre desarrollo de la personalidad si no se combate la discriminación contra las minorías sociales.
El avance de dichas leyes ha topado con férreas oposiciones, principalmente de la extrema derecha, pero no solamente. No son pocas las voces que consideran que la protección de los derechos de las personas trans puede ir en detrimento de los derechos de las mujeres. Un discurso basado en falacias como convertir las excepciones en motivos de alarma, obviando que el machismo no necesita camuflarse en identidades falsas para ejercer sus violencias. Lejos de ser novedoso, este discurso no deja de ser una nueva manifestación de una vieja cultura del miedo, aquella que nos presenta el avance de los derechos de una minoría como un retroceso para otro colectivo oprimido. Un discurso que pasa por alto algo fundamental, y es que ambas opresiones beben del mismo sistema cisheteropatriarcal. El mismo sistema que, por su parte, observa con beneplácito como sus víctimas se disputan entre ellas en vez de unir fuerzas para plantarle cara.
Ton Mansilla és advocat i coordinador de l’oficina de denúncies de l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) de Catalunya
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