Matías Alonso és diputat de Ciutadans per Tarragona al Parlament.
En el último pleno de abril el Parlamento de Cataluña ha debatido una moción de Ciutadans sobre las actuaciones del gobierno de la Generalitat en la provincia de Tarragona. El texto sometido a debate también contaba con aportaciones interesantes del PSC y de CSQP, únicos grupos que presentaron enmiendas. La moción pretendía impulsar la acción del gobierno en Tarragona con cincuenta y cuatro medidas agrupadas en nueve ejes concretos: reactivación socioeconómica y lucha contra el paro; transporte e infraestructuras; río Ebro y defensa del Delta; turismo; industria y energía; agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente; salud, educación y servicios sociales; políticas del agua; y Tarraco capital romana.
Entre las peticiones al gobierno estaban, por ejemplo, medidas urgentes y concretas para la reactivación económica y la lucha contra el paro en el Baix Penedès y en las Terres de l’Ebre; o la implicación activa de la Generalitat en el ERE de rescisión de contratos de la empresa Bic Graphic, que afecta a 169 trabajadores entre el centro de Tarragona y el de La Granada. No se puede decir que el conjunto de las medidas incluidas en la moción de Ciudadanos fueran la solución definitiva a todas las cuestiones que, en mayor o menor medida, preocupan a trabajadores y empresas y a la ciudadanía en general. Pero sí cabe afirmar que todas y cada una de las medidas propuestas son viables y razonables y vienen a paliar, cuando no solucionar, algunos de los problemas más acuciantes en la provincia.
Sin embargo, tanto la coalición que conforman la antigua Convergencia y Esquerra Republicana como la CUP, su socio preferente para la secesión, se han limitado a descalificarla en todo el proceso de tramitación de la moción, principalmente por su referencia explícita a la provincia de Tarragona. Se han limitado a cuestionar una denominación administrativa y a cargar contra la moción por referir sus propuestas a ese ámbito territorial. Como si el fondo de la cuestión no fuesen las situaciones y problemas a los que se pretende dar solución. Como si no estuviéramos obligados a servir al interés general de todos los ciudadanos de Tarragona. Como si fuese más importante la división administrativa del territorio que los derechos de los ciudadanos que lo habitan y los servicios esenciales que hay que prestarles desde la administración de la Generalitat.
Realmente no nos sorprende. Estamos cansados de ver, pleno tras pleno, día tras día, como Esquerra y Convergencia hablan más de territorio y de derechos históricos que de los derechos individuales e inalienables de los ciudadanos de Cataluña. Nosotros preferimos servir a todos los catalanes, en igualdad, atendiendo a sus necesidades y derechos, desde la lealtad institucional.
Lo que ha hecho la coalición de Junts pel Sí en este pleno ha sido darle una bofetada a la oposición en la cara de los ciudadanos de Tarragona. Y demostrar una vez más que, en muchas cuestiones esenciales, están juntos por el no.
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