Creo que podemos estar sensatamente de acuerdo, refiriéndonos al anuncio del referéndum por la independencia de Catalunya, en la idea de que aquello que nos parece bueno y correcto para nosotros nos ha de parecer también bueno y correcto para los demás. Y por lo tanto, las condiciones democráticas que creamos adecuadas para un referéndum aquí, serían las mismas que exigiríamos –razonablemente- a cualquier otro referéndum. Y que si lo que se quiere hacer aquí se hiciera en Turquía, en Marruecos, en Venezuela o en Ecuador, por ejemplo, lo aceptaríamos como democrático y legítimo. Creo que el propuesto es un criterio de valoración bastante ecuánime.
Santi Castellà es Profesor de Derecho Público y Primer Secretario del PSC de Tarragona
Después de varios años escuchando como nos llaman antidemócratas a los que considerábamos inadecuado un referéndum para dar salida a los problemas de relación y encaje entre Catalunya y el Estado español; y de explicarnos que no se trataba de independencia, ni de identidad nacional, sino de democracia.., resulta que ahora, por milagrosa transubstanciación, lo democrático es lo contrario de lo que siempre habíamos sostenido y de lo que exigiríamos en cualquier situación equiparable. Parece que la excepcionalidad justifica lo que sea porque somos nosotros y “porque yo lo valgo”.
Veamos algunos ejemplos. El primero es la equiparación reduccionista de democracia con plebiscito, algo que horroriza en la mayoría de espacios de debate intelectual y científico, y que ha enraizado peligrosamente en nuestra cultura política. Tiene que ver con la idea de que el mandato de los electores está por encima de las leyes, con el “yo hago lo que me piden mis votantes y por eso estoy por encima de cualquier norma, pues lo contrario no sería democrático”. Afirmaciones así, en boca de líderes extremistas nos harían temblar: por suerte Donald Trump sigue sometido a las leyes y no puede hacer lo que le da la gana por muy legitimado que se sienta por las urnas, y Marine Le Pen, de haber resultado vencedora, se vería sometida a un marco jurídico que impediría hacer alguna de las barbaridades que su discurso insinúa. Ya decía Tocqueville que la democracia se caracteriza más por las garantías a las minorías que por la fuerza de las mayorías.
En segundo lugar nos encontramos con una ley hecha para el caso concreto, cuando todas las recomendaciones internacionales que garantizan la democracia y legitimidad de los procesos de referéndum exigen que esta se haya elaborado con suficiente antelación y para regular una generalidad indeterminada de posibles supuestos. Una ley que permanece oculta, y que se presenta en un acto político organizado por los partidarios del Si, y que ignorando o despreciando la necesaria neutralidad de la misma, la reciben coreando “in-inde-independencià”; y dirigiendo el coro, -y presentadas protocolariamente como tales- están las máximas autoridades que deben garantizar las garantías del referéndum.
Una ley cuyo debate parlamentario se escamoteará, pues se ha cambiado el Reglamento del Parlament, para poder aprobarla en lectura única y sin debate, con un trámite de urgencia. Una ley que, ignorando toda jerarquía normativa, se proclama superior y por encima de cualquier otra norma existente. Y una ley que no da respuestas reales y efectivas a la posibilidad de poder celebrar en referéndum “como siempre” con censo, autoridad electoral, neutralidad institucional, equilibrio de medios, …
En tercer lugar, que pasa si explicamos todo esto en un contexto en que se aprueba una norma que invita a retirar ayudas a medios de comunicación que no acepten a publicar publicidad institucional de un “referéndum” tan poco garantista; o que en base a esta norma presentada fuera del Parlamento, cualquier ciudadano puede ser obligado a estar en una mesa electoral de un proceso que los propios juristas del Consejo de Garantías Estatutarias (el Tribunal Constitucional catalán) y los servicios jurídicos del Parlament consideran no ajustado a Derecho y con graves lagunas jurídico-democráticas. Pues pasa que cualquier demócrata, con una mirada mínimamente objetiva, sea cual sea su opinión sobre la independencia, debería escandalizarse.
Un elemento nuevo, hasta ahora solo insinuado, ha emergido recientemente. Si el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de los pueblos a la libre determinación, se dice que la legalidad internacional nos ampara, y eso es suficiente para hacer un referéndum independentista. Pero la realidad es que este artículo señala que se ejercita de acuerdo con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, y que solo se ha ejercitado en su versión secesionista con los pueblos coloniales y excepcionalmente con los equiparables, como los ocupados militarmente o los sometidos a apartheid; que el ejercicio a la libre determinación en pueblos constituidos en Estado opera como principio democrático y no como derecho a la secesión.
Pero en todo caso, se puede acudir al Comité de Derechos Humanos reclamando el ejercicio de este derecho, y nos dirá como viene diciendo desde el caso de los indígenas del Lago Lubicon contra Canadá, que no es ejercible por pueblos ya constituidos en Estados democráticos, y que en estos tienen que buscarse los procedimientos internos democráticos para cambiar su condición.
Pero lo que es más básico aún: las normas internacionales se integran en los ordenamientos jurídicos de los Estados; no pueden alegarse para saltarse las normas internas, pues en caso de contradicción, el juez nacional deberá decidir si existe dicha contradicción y hacer primar la norma internacional; o bien , agotados los recursos jurídicos internos –sin que ninguna instancia judicial avale nuestra interpretación-, podrá buscarse el amparo de las instancias internacionales adecuadas. Pero, nada más lejos que buscar la legitimación alegando directamente una interpretación concreta de una norma internacional para incumplir con el ordenamiento interno, ni aquí ni en ningún lugar del mundo.
Lo más grave de esta inversión de términos, de lógica y de principios jurídicos, y de ser llamados anti-demócratas los que explicamos las cosas razonables, es que cada vez está más claro lo que sospechábamos: que todos los esfuerzos (como diría Unamuno, con razón, sin razón o contra ella), están orientados exclusivamente a conseguir la independencia –con o sin mayoría-, y no para que los catalanes nos expresemos libremente. Y que al final de todo el proceso, un referéndum organizado sin garantías democráticas, y al que no se siente convocada gran parte de la población-, sea el argumento para una proclamación unilateral de independencia, que solo quiere una parte no mayoritaria -a pesar de todos los esfuerzos- de la población.
Cosas así de claras, los conceptos de democracia “de siempre”, con los que se han derrotado las dictaduras y se han construido todas las actuales democracias, se explican en la web impulsada por Miquel Iceta www.garantia.cat, un intento de resituar en un lenguaje por todos comprensible el debate político, superando la estéril etapa del procesismo. Cuidado: en TV3 y 3/24 se refieren a ella, repetitivamente y sin corrección alguna, como “garantía.com”, sin duda un simple error profesional que no nos permite dudar ni de la neutralidad, ni de la pluralidad de nuestra televisión pública. Pero en democracia, no todo vale. Y ningún fin, por legítimo y noble que nos parezca, justifica los medios.
Santi Castellà es Profesor de Derecho Público y Primer Secretario del PSC de Tarragona
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