Jordi Giménez, Responsable del sector de Justícia de la FSP-UGT Tarragona i Terres de l’Ebre
Con la publicación del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de Julio (BOE del 5 de Julio), el Gobierno del Sr. Rajoy ha decretado, unilateralmente, la privatización del Registro Civil, tras más de 143 años de historia como servicio público prestado por el Estado y le entrega su llevanza y gestión a los Registradores Mercantiles ubicados en las capitales de provincias y que se materializara totalmente en el plazo de un año.
La aprobación de este Real Decreto-Ley supone:
Privatizar un servicio público, poniendo en las manos de una Corporación de Registradores Mercantiles millones de datos personales y privados de todos los españoles, que hasta ahora cuentan con el control del Estado y que están gestionados actualmente por funcionarios profesionales de la administración de justicia.
Se trata de privatizar un servicio público que funciona óptimamente y que llega al último rincón del país. Un servicio público en el que se han invertido más de 130 millones de euros en la última década, para su modernización tecnológica y que ahora se entrega alegremente a los Registradores Mercantiles.
Y tendrá, además, las siguientes consecuencias:
Con su privatización el ciudadano acabara pagando por un servicio hasta ahora gratuito aunque se niegue. Los costes de gestión y funcionamiento, en manos de los Registradores Mercantiles, lo tendrán que pagar los ciudadanos cuando el Gobierno lo decida dada a la gran inversión que estos deberán realizar para poder gestionar el nuevo servicio.
El ciudadano no tendrá, como ahora, su registro civil en la sede de cada Juzgado cabeza de partido judicial o de juzgados de Paz. Las sedes de los Registradores Mercantiles son limitadas y reducidas. Se encuentran en las capitales de provincia. En los casos en los que sea necesaria su presencia física que lo és en muchos tramites como “Rectificación de errores de cualquier tipo, cambio de nombre y traducciones, expedientes matrimoniales, adopciones en el extranjero, fes de vida, certificaciones, etc” , se tendrá que desplazar hasta largas distancias. Mas de 80 km en algunos casos como puede ocurrir en las Terres de L’Ebre, donde la sede del Registro Mercantil se encuentra a esa distancia.
La privatización del registro civil supondrá la eliminación de más de 3.000 funcionarios en toda España, 290 solamente en Catalunya, y algunos, en el mejor de los casos, serán trasladados desde su actual destino en los Registros Civiles, a los nuevos que se les asignen, lo que provocará no solamente la aplicación retroactiva de derechos de destino adquiridos y la reordenación correspondiente, sino el efecto cascada de desplazamiento y cese de todos los funcionarios interinos que ocupen plazas vacantes.
Otra cosa a tener en cuenta es que una vez extraída las funciones de registro civil de los juzgados de paz, estos verán peligrar su existencia, con lo cual se alejara la justicia al ciudadano de una infinidad de poblaciones.
Jordi Giménez, Responsable del sector de Justícia de la FSP-UGT Tarragona i Terres de l’Ebre
