“Ante las manifestaciones vertidas por el Presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, con ocasión de la entrega de diplomas celebrada en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial quiere manifestar lo siguiente:
1. Es un deber de este Consejo apelar a la responsabilidad y al respeto institucional en un Estado de Derecho. Las manifestaciones realizadas en un ámbito institucional por quien ostenta la representación de un Parlamento autonómico nos obligan a recordar a las instituciones y a la sociedad, que el Poder Judicial actúa siempre desde la más absoluta independencia, siendo ésta una salvaguarda que a todos nos concierne respetar y defender. Al CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, no le compete hacer valoraciones políticas, pero sí defender los valores que conforman el Estado de Derecho. En un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, al margen de la Ley y del Derecho no hay libertad ni democracia. Los jueces y magistrados en España cumplen con su misión constitucional de garantizar el imperio de la Ley y el respeto al Estado de Derecho.
2.- Las situaciones de prisión provisional que se dan en los procedimientos seguidos en los Tribunales españoles, lo son como consecuencia de decisiones judiciales motivadas y adoptadas en el curso de un proceso con todas las garantías, y en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional; se sustentan exclusivamente en la Ley y no en mandatos ajenos a ésta, fruto de la estricta separación de poderes que descansa en la independencia del poder judicial. Reiteramos que afirmar la existencia de presos políticos, y en especial por un representante institucional, es una descalificación muy grave de la función judicial, que trasciende al propio Poder Judicial, atacando frontalmente a nuestro modelo de convivencia basado en el respeto a la Ley”.
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