En los últimos días de campaña una nueva metedura de pata del presidente Rajoy ha puesto sobre el tapete electoral alguno de los “cuentos de la independencia”, por utilizar la terminología del ex-presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell: la cuestión de si una declaración unilateral de independencia (DIU) supondría ipso facto la pérdida de la nacionalidad española y la subsiguiente pérdida de la ciudadanía europea. El desconocimiento y la torpeza dialéctica de nuestro todavía presidente ha dado alas, como otras tantas veces, al proceso independentista, sumando al mismo gentes que lejos de desear la arriesgada huida adelante de los hijos políticos del pujolismo, lo que desean es alejarse de una concepción rancia, caduca y casposa de la España popular. Cuanto menos ha quedado demostrado que los que ahora se erigen en defensores canónicos a ultranza de una Constitución que en 1978 cuestionaron y aceptaron a regañadientes, la desconocen, la ignoran y la desprecian cuando les conviene.
Santiago J. Castellà Surribas és professor de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira I Virgili
Sin embargo, a río revuelto, todo son ganancias para los pescadores de los extremos, y los que pretenden dividirnos en un simple Sí o en un simple No, en buenos o malos patriotas -ya sea catalanes o españoles- se aprestan a pescar votos para hoy que serán hambre para mañana. No está de moda, ni resulta conveniente, intentar aportar algo de racionalidad y luz a momentos de adscripciones absolutas en que priman la bandera y la cartera -los intereses a corto- por encima de las razones. Pero intentémoslo aunque, una vez más, salgamos malparados.
Si Cataluña se declara y proclama independiente los catalanes no perdemos nuestra nacionalidad ni nuestra ciudadanía española. Seguimos siendo a todos los efectos ciudadanos españoles, con todos los derechos y las garantías que la Constitución y los tratados internacionales nos garantizan, que no son pocos, y en tanto que nacionales de un Estado miembro, seguiremos siendo ciudadanos europeos, con el plus de derechos que ello conlleva.
Ufff!, exclamará algún activo independentista al saber que no pasará a un limbo jurídico en manos de la buena voluntad del recortador y austericida Artur Mas, y que seguirá formando parte de un Estado democrático y de derecho -eso sí, temporalmente gobernado por la rancia derechona del PP-. Y es que un Estado no puede privar arbitrariamente a sus ciudadanos de la nacionalidad. ¿Y entonces, los pobres catalanes independentistas estarán eternamente obligados a ser españoles? No, no, ni mucho menos. Constituido el Estado independiente de Cataluña, la práctica internacional nos dice que se ofrecerá un tiempo prudencial en que las personas con vecindad civil en Catalunya podrán elegir entre conservar la vieja nacionalidad española u optar por la nueva nacionalidad catalana. Un derecho de opción que suele durar varios años. ¿Y no se podrá tener la doble nacionalidad? Se podrá claro, siempre que los dos Estados, España y Cataluña, lo acuerden mediante un tratado que regule todos los aspectos relativos a la doble nacionalidad; no es lo habitual, pero en esto de la independencia de nuevos Estados se puede pontificar poco, puesto que la práctica es muy ‘ad hoc’ por tratarse de supuestos excepcionales, en los que las circunstancias de cada caso concreto matizan, modulan y adaptan las escasas normas generales existentes. Por eso sorprende tanto escuchar a Margallos y a Junqueras dictaminar con seguridad y concreción las imprevisibles consecuencias de un proceso que si es, será ‘de facto’ y no ‘de iure’.
O sea, que Rajoy metió la pata; lo cual no es sorprendente. Como también la mete Mas por boca de Romeva cuando concluye que como no perderemos la nacionalidad española Cataluña seguirá siendo miembro de la Unión Europea. No puede seguir siendo miembro quien no lo es. Y si Cataluña quiere tener voz y voto en el Consejo de la Unión, y participar plenamente en la toma de decisiones y en las políticas europeas deberá solicitar el ingreso en la Unión. Y mientras tanto, los catalanes que no renuncien a la nacionalidad española serán pues ciudadanos europeos que residen en un país tercero, en un país no miembro, nadie expulsará a Cataluña de la Unión Europea porque Cataluña no es Estado miembro. Imaginar que Cataluña sin pedir el ingreso será tratado como un Estado miembro más está más cerca de la ciencia ficción que del contenido de los Tratados pero, como bien decíamos, hay poca práctica como para pontificar, y pueden ocurrirse soluciones novedosas con las que los 28 estados miembros actuales están de acuerdo, pero no parece muy probable.
Santiago J. Castellà Surribas és professor de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira I Virgili
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