TARRAGONA 21

Nos gustaría realizar una réplica al artículo publicado en su medio en el día de ayer por Laura Castel (ERC) limitado a tres ideas que resultan de todo punto inexactas.

Primero, es cosa evidente que en España no tenemos presos políticos, en esto coincidimos todos, incluida Amnistía Internacional y Human Rights Watch de modo que no se ha de insistir  en ello, por mucho que nos repita una mentira no vamos a aceptarla como verdad.

Consecuencia lógica de lo anterior es que la propuesta de resolución cuya votación nos describe, no acepta la redacción que sus colegas flamencos pretendían incluir para que se afirmase la existencia de presos políticos y exiliados  en la  España actual.

En segundo lugar, se asegura en su artículo que se ha producido un “menosprecio a los derechos políticos de los representantes y..(están) en prisión”, nada más lejos de la realidad lo que sucede es que algunos representantes políticos vulnerando (presuntamente) todas nuestras leyes pretendían de forma unilateral levantarse contra el Estado, que somos todos, y ahora cuando la justicia les reclama su responsabilidad pretenden eludirla alegando que han sido elegidos democráticamente, ¡faltaría más!

Ignoran voluntariamente que el decreto de 2 de Agosto por el que se convocaban elecciones al Parlament, fijaba con toda claridad que la convocatoria se hacía con sujeción a lo establecido en la Ley Electoral, el Estatuto y el resto de nuestro ordenamiento jurídico, su elección democrática no les autoriza, en modo alguno, a vulnerar todas nuestras leyes como sucedió en las aciagas noches del 6 y 7 de Septiembre.

En tercer lugar se elimina también de la propuesta de resolución, según nos relata, la mención a lo que Ud. denomina referéndum del 1 de Octubre último, en realidad no sabemos a ciencia cierta cómo calificar los hechos de aquella fecha , pero siendo notorio el incumplimiento de los requisitos exigidos por la Comisión de Venecia (contra la ley, con las condiciones fijadas quince días antes, sin supervisión de ningún tipo, etc.) es comprensible que los parlamentarios de la OSCE no acepten tampoco en esto la propuesta que sus colegas flamencos les realizaban.

En conclusión, ni en el resto de Europa ni en España se acepta su discurso sobre la existencia de presos políticos porque nadie está en prisión por sus ideas sino por sus actos y lo acaecido el 1 de Octubre en nada se parece a un referéndum de secesión que, por otra parte, no cabe tampoco en ninguno de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno.

José Antonio Martínez Herranz

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